Colicontjal

RESPONSABILIDAD FISCAL DE ACCIONISTAS DE SOCIEDADES ANONIMAS

Responsabilidad fiscal de accionistas de sociedades anónimas

 

CPC Roberto Valdivia González

 

“Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan

 libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas”

Honoré de Balzac

 

Debido a la extensa utilización en el mundo de los negocios de las sociedades anónimas (S.A.) como ficciones jurídicas idóneas para la realización de actos mercantiles, consideramos apropiado verter algunas consideraciones sobre la responsabilidad fiscal de las personas integrantes, en su calidad de accionistas, de las citadas personas jurídicas.

 

De la lectura textual del artículo 87 dela LeyGeneralde Sociedades Mercantiles (LGSM) se desprende que la obligación de los socios de las S.A. se limita al pago de su aportación, no obstante, en materia fiscal existe norma expresa, siendo el Artículo 26 fracción X del Código Fiscal Federal (en adelante CFF) que establece responsabilidad solidaria conjunta con el contribuyente (que lo es la persona moral), en los siguientes términos:

 

“Art. 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes:

……………………………………………………………………………

X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción III de este artículo, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenían en el capital social de la sociedad durante el período o la fecha de que se trate.”

 

Los incisos  citados en la fracción X anterior, se refieren a conductas realizadas por la persona moral, tales como no solicitar la inscripción al Registro Federal Contribuyentes, cambiar de domicilio después del inicio del ejercicio de facultades de comprobación o no llevar contabilidad, ocultarla o destruirla.

 

En lo establecido por la ley  mercantil creemos que no existe duda del alcance de la obligación del accionista y, si por ley esta limitada esta obligación, no se le puede exigir legalmente más allá de ello. Además de existir argumentos adicionales para arribar a esta razón, como la independencia patrimonial de la persona moral, la personalidad reconocida a la misma,  etc.

 

Al respecto citamos la siguiente tesis del Poder Judicial:

 

Registro IUS: 182904 Novena Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial dela Federacióny su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, p. 925, tesis VI.3o.C.92 C, aislada, Civil.

 

ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, NO TIENEN EL DEBER DE RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS PORLA SOCIEDAD.

Los accionistas de una sociedad anónima no tienen el deber de responder de las obligaciones contraídas por la persona moral a que pertenecen, ya que la obligación de éstos se limita al pago de sus aportaciones, de acuerdo con lo previsto por el artículo 87 dela Ley Generalde Sociedades Mercantiles, por lo que la personalidad jurídica y patrimonio de una sociedad anónima es distinta a la de sus accionistas; en consecuencia, las obligaciones contraídas por una persona moral a través de títulos de crédito, no pueden extenderse a sus accionistas.

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 213/2003. Rubén Ruiz Díaz. 14 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.

 

No obstante, en materia fiscal es reconocida la autonomía legislativa existente, misma que faculta al legislador fiscal a realizar las adecuaciones jurídicas, incluso modificar instituciones de derecho, que le permitan cumplir con sus objetivos, considerados estos como de orden público y por ello de interés general en su acatamiento.

Bajo esta tesitura, en el CFF se establece la responsabilidad solidaria de los accionistas de las S.A. (y de otras), ciertamente, condicionada a que la persona moral incurra en ciertos actos o prácticas que detonen la citada responsabilidad.

Así mismo, ésta multicitada responsabilidad tiene un tope máximo, con el fin de otorgar certeza jurídica al gobernado, respecto a la actuación de la autoridad, y este es hasta donde importe   la participación que tenía el socio  en el capital social de la sociedad durante el período o la fecha de que se trate.

 

Considerando que el artículo 26 del CFF implica una norma sustantiva, de aplicación estricta, ahondamos en el concepto de “capital social”, mismo que en ausencia de norma fiscal expresa  debemos de recurrir a otras fuentes, tales como la técnica contable (que es donde sí existe definición) y conforme al boletín C-11, párrafo 2 de las Normas de Información Financiera (NIF), el capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad, el cual se ejerce mediante reembolso o distribución.

De igual forma, el citado Boletín continúa especificando que, a su vez, el capital contable se divide en capital contribuido y capital ganado.

El capital ganado, según el propio Boletín, se conforma de capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, prima en venta de acciones y donaciones.

En su párrafo 7 aclara que “El capital social está representado por títulos que han sido emitidos a favor de los accionistas o socios como evidencia de su participación en la entidad. Las características de los títulos se establecen tanto en los estatutos de la entidad como en las leyes que los regulan”

 

Para el caso que nos ocupa y conforme a una interpretación literal del artículo 26, fracción X del CFF, tendríamos que, para cuantificar el monto de la responsabilidad del accionista, deberíamos recurrir al valor de los títulos emitidos a su favor (ya sea por aportaciones o por capitalizaciones) a determinada fecha, esto es así, ya que la norma es expresa en su referencia a “la participación que tenían en el capital social” y esa participación, consideramos,  debe referirse al valor de los títulos que la representan.

 

Ante  la oscura redacción  del artículo 26, fracción X del CFF, el poder judicial ha fijado su postura al respecto:

No. Registro: 187,101, Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial dela Federacióny su Gaceta

XV, Abril de 2002

Tesis: V.2o.59 A

Página: 1335

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA PARA EFECTOS FISCALES QUE TIENEN LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, CONFORME AL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DELA FEDERACIÓN.

La obligación solidaria que tienen los socios o accionistas de una sociedad anónima, conforme a lo previsto en el artículo 26, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, no se limita al monto original de su aportación a la sociedad, sino al porcentaje que representa su participación accionaria en el capital social de la misma, al momento de causarse las contribuciones respectivas; ello es así, porque una cosa es la aportación que realizan los socios fundadores para que se emitan los títulos que representan las acciones que les corresponden con base en su aportación, ya sea en numerario o en especie, en términos de las fracciones III y IV del artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o las aportaciones que realizan los que adquieren acciones en los casos de aumento de capital, en términos del artículo 132 de la ley mencionada, y otra muy distinta es el porcentaje que representa la participación accionaria de cada socio en el capital social de la sociedad al tiempo de causarse las contribuciones adeudadas, que es precisamente la forma en que se mide la responsabilidad solidaria para efectos fiscales, porque la obligación de los socios de pagar el importe de sus acciones es una obligación que asumen frente a la sociedad, pero cuando ésta adquiere obligaciones ante terceros, esa obligación es con base en la proporción de su participación accionaria, es decir, de acuerdo al porcentaje que tengan sus acciones en relación con el capital social.

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 299/2001. María del Carmen Díaz López de Galindo. 4 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Blanco Quihuis. Secretario: Cruz Fidel López Soto.

Revisión fiscal 140/2001. Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras. 24 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Blanco Quihuis. Secretaria: Gloria Flores Huerta.

 

Nota: Lo resaltado con negritas y subrayado es nuestro.

 

La  interpretación que se da en la tesis anterior es, a nuestro juicio, extensiva, es decir, pretende desentrañar el sentido de la norma otorgando un alcance mayor a la intención del legislador ante la limitante de la propia redacción. Para ello incorpora un elemento extraño (que no existe en el CFF) “la proporcionalidad” de las acciones respecto del capital social.

Esto queda más claro con un ejemplo: En una S.A. donde el capital social importa $ 50 mil (dos socios con $ 25 mil cada uno) la proporción de cada socio es 50%, y se pretende cobrar un crédito fiscal de $ 1 millón.

Si la responsabilidad de los socios se limita a  la participación que tenían en el capital social (en dinero) cada socio respondería por $ 25 mil, pero si es sobre “proporciones”, entonces cada socio es responsable de la mitad del crédito fiscal (50%), en este caso $ 500 mil.

 

De igual forma, la citada fracción X del artículo 26 del CFF,  limita la responsabilidad solidaria atribuida a los socios y accionistas de una sociedad, ya que tal numeral la refiere, únicamente a "la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la sociedad." Lo anterior quiere decir que los socios o accionistas no son responsables solidarios por el importe total del adeudo fiscal a cargo del deudor principal, sino que su responsabilidad se limita a la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la sociedad y que la autoridad fiscal antes de determinar responsabilidad solidaria está obligada a agotar previamente el procedimiento de cobro coactivo en contra de la sociedad deudora, pues  sólo así y hasta que agote dicho procedimiento de ejecución en contra de ésta, conocerá si los bienes de la misma alcanzaron o no a cubrir el importe del interés fiscal.

 

 También es notorio e interesente el criterio vertido porla SCJN, mismo que considera contrario ala ConstituciónFederalel hecho de que el CFF en la parte que nos ocupa, no considera el derecho de audiencia previo a la emisión de la declaración de responsabilidad solidaria.

 

No. Registro: 177,823, Tesis aislada, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial dela Federacióny su Gaceta XXII, Julio de 2005

Tesis: 2a. LXXIX/2005

Página: 509

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, PÁRRAFO TERCERO, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DELA FEDERACIÓN, AL NO PREVER A FAVOR DEL POSIBLE AFECTADOLA OPORTUNIDAD DESER OÍDO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES POR LOS QUE SE LE CONSIDERA OBLIGADO SOLIDARIO, VIOLALA GARANTÍA DEAUDIENCIA PREVIA.

El Tribunal en Pleno dela Suprema Cortede Justicia dela Naciónemitió la tesis de jurisprudencia 110, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial dela Federación1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, página 141, con el rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.", de la que se infiere que cuando la autoridad hacendaria determina un crédito fiscal por el incumplimiento en el pago de una contribución, la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 dela Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos puede otorgarse a los causantes con posterioridad al dictado de la liquidación, en virtud de que deriva del incumplimiento de sus obligaciones fiscales; sin embargo, no resulta aplicable a los deudores solidarios que se ubican dentro de los supuestos que establece el artículo 26, fracción III, párrafo tercero, inciso b), del Código Fiscal dela Federación, en atención a que se trata de deudores sobrevenidos y su calidad resulta de la conducta que asuma el directo obligado frente a la autoridad fiscal en los casos que previene y, en ese instante, quien no era deudor se convierte en responsable solidario por presunción legal; empero, tal presunción y los hechos que la configuraban admiten prueba en contrario, motivo por el cual resulta indispensable que previamente a la declaración de responsabilidad solidaria, la autoridad fiscal le brinde al posible afectado las garantías de audiencia y de defensa para que pruebe y alegue lo que a su derecho convenga. En esa virtud, el citado precepto legal viola la referida garantía constitucional, al no prever a favor del posible afectado la oportunidad de ser oído para desvirtuar los hechos u omisiones por los que se le considera obligado solidario.

 

Amparo directo en revisión 538/2005. Alejandro Gastón Peredo Vázquez. 10 de junio de 2005. Mayoría de tres votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Encargado del engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Luciano Valadez Pérez.

 

Nota: Conforme al artículo 192, segundo párrafo, dela Leyde Amparo, esta tesis no es apta para integrar jurisprudencia.

 

 

Por último, y a manera de conclusión, arribamos a  las siguientes posturas:

 

                   I.      En materia mercantil no existe duda de que la obligación de los socios de las S.A. se limita al pago de su aportación.

                II.      Respecto a la responsabilidad fiscal, las conductas (cualquiera de ellas) detonantes de la responsabilidad solidaria para socios o accionistas deben, necesariamente y previamente, ser efectuadas por el contribuyente directo, tales como: no solicitar la inscripción al RFC, cambiar de domicilio después del inicio del ejercicio de facultades de comprobación o no llevar contabilidad, ocultarla o destruirla.

             III.      La responsabilidad solidaria no es ilimitada sino que tiene un tope máximo, y este es hasta donde importe  la participación que tenían el socio  en el capital social de la sociedad durante el período o la fecha de que se trate. Al respecto, existe interpretación dela SCJNdonde considera proporciones de participación, en lugar de montos.

             IV.      Las contribuciones sobre las cuales se pretenda fincar responsabilidad solidaria a socios o accionistas, deben corresponder a operaciones, en tiempo, con el  status de socio en la persona moral.

                V.      El hecho de que en la fracción X del artículo 26 del CFF se limite la responsabilidad “en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma”, implica que la autoridad está obligada a agotar previamente el procedimiento de cobro coactivo en contra de la sociedad deudora. Por ello, pudiera hablarse más que de una responsabilidad solidaria, de una responsabilidad subsidiaria.

             VI.      Conforme al criterio de la segunda sala dela SCJN, el artículo 26 del CFF, es violatorio de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 Constitucional,  al no prever a favor del posible responsable solidario la oportunidad de ser oído para desvirtuar los hechos u omisiones por los que se le considera como tal.

 

 

 

 

 

 

 




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